Nuestros mayores importan

Todos los seres humanos nacemos, crecemos y morimos. La dignidad y los derechos de las personas comienzan al nacer y cuidamos de nuestros hijos con grandes sacrificios y esfuerzos, hasta el punto de que es seguramente la mayor de las preocupaciones de todas las personas que han sido padres. No soportamos ver noticias de niños abusados o asesinados, sufrimos especialmente con este tipo de noticias, porque empatizamos con ellos y con sus padres. Nos enorgullecemos de ellos cuando hacen algo bien y nos duele cuando creemos que fracasan o cuando los vemos sufrir.

Por ley de vida, nuestros hijos deben independizarse y realizarse en la vida, y entonces pasamos a ser observadores lejanos y a prestar apoyo y consejo esporádicos. Sin embargo, nunca olvidamos su etapa de dependencia y que, una vez fueron niños.

Del mismo modo, nuestros mayores son esos mismos niños ya crecidos, sin padres ya que les abracen y apoyen. Tuvieron su infancia, casi siempre más difícil que la de los tiempos actuales, algunos pasaron una guerra y todos sufrieron una posguerra con muchísimas penurias en el día a día y en un ambiente social enfermizo que se perpetuó en una dictadura interminable.

Es importante que tanto las administraciones como las personas del entorno tomemos conciencia de ello. Del mismo modo que tenemos obligaciones con nuestros hijos, las tenemos con nuestros mayores, los mayores no son objetos sin uso que acumular y deshechar en centros a la espera de un final, sin humanidad, sin disfrutar ya de la vida, de la compañía y del cariño y deben tener cubiertas sus necesidades y cuidados.    

Una de esas situaciones en las que se pone en riesgo la atención a nuestros seres queridos sucede cuando son objeto de mercadeo. Cuando determinadas personas se benefician y hacen caja a costa de su dignidad. Una empresa es una cuenta de resultados y carece de sentimientos y moral. Si gasta más de lo que ingresa, se extingue y quiebra. Siempre que puede, incrementa sus ganancias. Ganar más consiste en ingresar más dinero (cobrando más a los residentes) o bien en reducir sus gastos o ambas cosas a la vez. Y los ingresos suben muchas veces a costa del bienestar de los ancianos: reduciendo plantillas, reduciendo gastos de material, reduciendo gastos de mantenimiento. Hemos visto en las noticias demasiadas veces casos de personas agonizando entre deshechos y sin alimentar siquiera. Una empresa privada puede convertirse en un monstruo, cegada por un afán recaudatorio.

Tenemos que cambiar de mentalidad cuando tratamos con material humano, y priorizar la calidad del servicio en lugar del coste-beneficio y pensar que un beneficio monetario nulo, puede ser representativo de mayor atención y más cariño.

Es por estas razones que estamos en contra del modelo privado de gestión, porque su obsesión por el beneficio va en detrimento de la calidad de los cuidados que los mayores se merecen.

Resulta contradictorio que un partido, presuntamente de izquierdas, ponga el énfasis en lo económico y no en las personas. Debemos recordar que en su día, el equipo de gobierno en el cargo en Alcocer, decidió delegar la gestión de nuestras antiguas Escuelas convertidas en residencia usando el modelo privado, en lugar de buscar otros modelos alternativos de gestión más humanizados.

Para mitigar el problema de las residencias y la calidad de sus servicios y según nota de prensa del portavoz de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Enrique García, hemos mostrado desde el partido nuestro acuerdo con el cambio de modelo en Castilla-La Mancha para adaptarse a las directrices marcadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 destinadas a impulsar un nuevo sistema más humanizado a través del cumplimiento de “líneas básicas llamadas a garantizar situaciones más dignas para los usuarios de estos centros”, relacionadas con las ratios de plantilla y con las características técnicas y físicas de los centros. Se trata de “mejorar infraestructuras para convertirlas en centros garantes del óptimo bienestar de los mayores y personas con discapacidad” apostando, en los centros de nueva construcción, "por limitar a 90 el número de plazas y por incluir una ratio de 0,35 trabajadores en residencias de mayores, y 0,42 en residencias con personas con discapacidad en el año 2023" . 

Nuestra residencia tiene actualmente 15 trabajadores que atienden a un máximo de 40 residentes, siendo la ratio de 0,37, por debajo del 0,42 que se exigirá en 2023.

En el caso de Alcocer, debemos recordar a la población que en febrero de 2012 y en mayo del mismo años se omitió por dos veces la obligación de sacar a concurso la adjudicación cuando la residencia cambió de CIF (de “El Pinar residencia de ancianos” a “JUASYRA Tenerife SLL” y luego a “Residencial el Palazuelo”). Si cambia la concesión es obligada una nueva adjudicación por concurso público para seleccionar la mejor oferta. La concesión discrecional fue un hecho ilegal y contrario a los intereses de Alcocer y de los residentes.

Este miércoles 17 de agosto se nos convoca a un pleno en el que debemos pensar en el bien de nuestros mayores.

En el pleno del próximo miércoles se pretende aprobar una ayuda a la empresa que gestiona la residencia “El Palazuelo”. Esta es una de las estrategias de las empresas para reducir gastos: pedir dinero a las administraciones para que se los financien. Un caso más de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Lo público paga y subvenciona, pero es una empresa o empresario particular quién se beneficia y se enriquece, sin compromiso de mejora de los servicios prestados.

No disponemos de mucha información y de datos concretos, pues el Ayuntamiento nos deniega este derecho en reiteradas ocasiones, sumando cuatro solicitudes denegadas para el caso de la residencia.

Entre otros, se ha pedido copia de las actas donde se aprueban los contratos, de cesión o concesión de servicios o cesión onerosa y se han planteado cuestiones sobre el valor de finca, cantidades que ingresa el ayuntamiento, quién paga el IBI (el arrendador o el arrendatario), fechas de reformas y concesiones, régimen jurídico del contrato (cesión, permuta, alquiler, compraventa), duración del mismo, inventario, etc. No tener estos datos nos impide la labor de control, y al final conduce a una impunidad que puede producir que nuestros mayores no reciban el trato adecuado.

Nuestra opinión es que el Ayuntamiento no debe financiar obras que solo sirvan para incrementar las ganancias particulares de los responsables de la residencia. Deberemos estar además vigilantes ante irregularidades como el fraccionamiento de contratos para adjudicarlos sin licitación.

Creemos también que desde el Ayuntamiento se debe pedir a la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha que se gestione la parte de competencias que les corresponde en materia de residencias de mayores.